Cargando...LA POLICIA POLITICA Y LA CORRUPCION
La red delictiva opera sobre la base de una estructura ideada hace más de dos décadas, cuando integrantes de algunas brigadas de la CNI empezaron a lucrar con cuantiosos fondos proporcionados por la dictadura para combatir la “subversión” y organizar el movimiento político Avanzada Nacional (AN). La Dirección de Inteligencia Nacional, más conocida por su acrónimo DINA, fue la policía secreta chilena durante el período inicial del régimen militar de Augusto Pinochet, siendo uno de los elementos más significativos del aparato represor de la dictadura. Fue creada en junio de 1974 (aunque ya funcionaba de facto desde fines de 1973), por el decreto ley N° 521, a cargo del teniente coronel de ingenieros Manuel Contreras. El proyecto fue aprobado por la Comunidad de Inteligencia, con el voto en contra del Jefe de Inteligencia de Carabineros de la época, General Germán Segundo Campos Vásquez, quien desaprobó el proyecto porque creaba una entidad ajena a todo control institucional, directamente ligada al mando superior, esto es, a las órdenes y mando del General Augusto Pinochet. La DINA tenía facultares para detener y confinar personas en sus centros operativos durante los estados de excepción. Como estos estados duraron casi toda la dictadura, la DINA tuvo estas facultares durante prácticamente toda su existencia. El principio rector de esta organización se basaba en la existencia de una guerra interna no declarada contra un enemigo que no daba tregua, la sedición marxista, y para cuya derrota todos los medios, legales e ilegales, estaban permitidos. Entrenados por Estados Unidos en la Escuela de las Américas, los agentes de la DINA iniciaron una campaña de represión, focalizada principalmente en el GAP (Grupo de Amigos Personales de Allende, su guardia personal) con 60 muertos, el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario) con 400, el Partido Socialista con 400 y el Partido Comunista con 350. La DINA empleó el secuestro, la tortura y el asesinato como métodos de acción. Muchos de los detenidos siguen hoy desaparecidos. Tenía también agentes internacionales, siendo el más significado el norteamericano Michael Townley, quien asesinó al general Carlos Prats en Buenos Aires, Argentina, y al ex-ministro de Allende Orlando Letelier en Washington D.C. Estados Unidos. Su otro dispositivo internacional era la Operación Cóndor, en la que cooperaron los diversos organismos de inteligencia de las dictaduras militares latinoamericanas para luchar contra la oposición izquierdista a dichas dictaduras (algunos de cuyos grupos, partidarios del terrorismo y la lucha armada, se encontraban agrupados en la denominada Junta de Coordinación Revolucionaria). Los métodos de tortura, así como el tratamiento otorgado por la DINA a sus prisioneros, se encuentran en la actualidad documentados en el informe de la Comisión encabezada por el obispo católico Sergio Valech el 2004, cuyos testimonios que constan en el informe serán desclasificados 50 años después de la publicación de aquel. Sólo se detendrían sus acciones al ser reemplazada la DINA por la CNI (Central Nacional de Informaciones) en 1977, y Contreras por el general Odlanier Mena. El general Contreras, retirado, fue procesado en Chile a causa de las violaciones de los derechos humanos perpetrados por la DINA (concretamente, fue condenado a 12 años de prisión por secuestro calificado, un delito que no había sido amnistiado). Pero el juez Victor Montiglio, que ha reemplazado al juez Juan Guzmán que hasta ahora estaba el encargado de los jueces en relación con Pinochet, ha amnistiado a Contreras en 2005. LA CUTUFA II Uno de los involucrados en la Cutufa II, el uruguayo Pedro Peña Marquicio, denunció en febrero de 2006 ante el 33° Juzgado del Crimen ser víctima de amenazas de Patricio Castro, del mayor (r) Alvaro Corbalán y de Gerardo Ariztía Irarrázaval, luego de negarse a participar en la recuperación de una supuesta herencia que ocultaba el rescate de dineros de la Dina y CNI depositados en bancos extranjeros. Según Peña, el cerebro de la operación era Alvaro Corbalán, y ella consistía en recaudar fondos para que Castro y Ariztía gestionaran el supuesto cobro de la herencia, previo compromiso con los contribuyentes de recibir cuantiosos intereses por sus aportes. Peña Marquicio agregó que Luis Undurraga Finlay sería el encargado de retirar 10,5 millones de dólares del Pinebank de Miami, fondos que entregaría al abogado Marcelo Jadue para repartirlos entre los acreedores. Undurraga fue uno de los dueños de la discoteque “Gente”, frecuentada en los años 80 por agentes de seguridad y jóvenes incondicionales de la dictadura militar; y, como tal, en 1996 fue uno de los testigos citados por el ex ministro Francisco Javier Cuadra para acusar de consumo de cocaína a Andrés Allamand y a otros políticos de la derecha liberal. Casi todas las personas involucradas en la Cutufa II corresponden a un núcleo de amistades forjadas por los mandos de la CNI con el mundo del espectáculo, la televisión y la bohemia, desde mediados de los años 80, cuando Alvaro Corbalán animaba con canto y guitarra las veladas de trasnoche y el capitán Castro se encargaba de la protección de artistas, managers y productores durante los festivales de la canción de Viña del Mar. De aquellos años datan también los vínculos con los hermanos Pinochet Hiriart y con el empresario descendiente de sirios Yamal Edgardo Bathich y su grupo de amigos, también asiduos visitantes de la discoteque “Gente”. LA MAFIA DE LAS FACTURAS El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso querellas para perseguir a los responsables de generar facturas para defraudar al Fisco. “Todos los indicios apuntan a que se trata de una organización criminal con cierto patrón de conducta destinado a hacer muy difícil su detección; actuó con sofisticación”, explicó en su momento el director del SII, Ricardo Escobar. Poco después, la policía buscaba intensamente a Juan Sebastián Meyerholz Godoy, que aparecía como arrendatario de las oficinas donde funcionaba Publicam, en Huérfanos 1117; y a Manuel Antonio Arancibia Morales, presunto responsable de la organización. VIEJOS CONOCIDOS
La mano que aprieta?
Los cabecillas de ese dispositivo, entusiasmados por el lucro fácil, dieron forma, a fines de los 80, a una financiera informal denominada La Cutufa, que involucró a centenares de miembros de las Fuerzas Armadas. Quedó al descubierto tras el asesinato del empresario gastronómico Aurelio Sichel, en julio de 1989, quien actuaba como gerente de la entidad y que, además, era instructor de artes marciales de los militantes de AN. Uno de los gestores de aquella trama ilegal, el capitán de ejército Patricio Castro Muñoz, adscrito entonces a la CNI, reapareció en un caso similar el año 2005 -al que los periodistas denominaron Cutufa II- que ha sido investigado por tres Juzgados del Crimen de Santiago.
Castro, hoy mayor en retiro, fue sindicado al menos por dos querellantes como gestor de una operación fraudulenta iniciada en 2003 para rescatar cuantiosos fondos de la CNI depositados a plazo en varios países. Castro sostiene que esos dineros corresponden a una herencia y venta de un fundo de la familia de su amigo Gerardo Ariztía, en Longotoma, Quinta Región.
El caso, sin embargo, adquirió nuevas connotaciones cuando una ex asistente financiera de Castro, Beatriz Ugarte Cardemil, declaró ante la magistrada Eleonora Domínguez, del 33° Juzgado del Crimen, que el oficial en retiro y algunos de sus socios estaban también detrás de una organización dedicada a la venta de facturas para la evasión y fraude tributarios, detectada en la rendición de gastos electorales de Guido Girardi, Carolina Tohá, Lily Pérez y Sebastián Piñera.
La aparición de irregularidades en las cuentas electorales abrió una investigación -el “caso Publicam”- que hoy es llevada por tres fiscales y que hasta el momento deja entrever la emisión de más de 25 mil facturas falsas por un centenar de sociedades ilícitas y la participación de unas 200 grandes empresas en la compra de facturas para cuadrar sus estados financieros.DINA
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Emblema de la DINAHistoria
Detectives que trabajan bajo las órdenes de la jueza Domínguez incautaron un computador del abogado Marcelo Jadue donde aparecieron tres listas de personas con los montos que Castro y Ariztía debían pagarles tras el cobro de la presunta herencia.
Beatriz Ugarte afirmó que las cifras que recibirían los involucrados en el rescate de fondos eran muy cuantiosas: Patricio Castro, 4.366 millones; Gerardo Ariztía, 3.780 millones; Carolina Arregui, 1.660 millones; Marcelo Jadue, 930 millones; Luis Undurraga Finlay, 260 millones; Antonio Bathich, 200 millones; Miguel Esbir (“Miguelo”), 95 millones; Carlos Capela, $ 78 millones; Víctor Matthei Aubel, 48 millones; Miguel Piñera, 40 millones y Augusto Pinochet Hiriart, 22 millones.
Interrogado por la jueza Domínguez, Gerardo Ariztía reconoció que más de 3.500 millones de pesos fueron repartidos entre los nombres que salían en las listas, pero insistió en que el dinero tuvo su origen en la venta de un fundo familiar. En los trámites realizados para recuperar los fondos depositados en el extranjero, llamó la atención que Castro viajara con poderes de Ariztía legalizados en los consulados de Argentina, España, Egipto, Suiza, China y Alemania.
Diversos ex agentes de la CNI interrogados por detectives que investigaban a comienzos de los 90 los crímenes cometidos por la CNI y la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), entregaron testimonios extrajudiciales que apuntaban al ocultamiento y desvío de fondos de la CNI al exterior por parte de Alvaro Corbalán y algunos de sus colaboradores. Esos dineros fueron ocultados en cuentas de ahorro y depósitos a plazo en varios países bajo nombres de amigos y amigas de confianza.
Meyerholz tenía un prontuario reducido: tres encargos judiciales por dos giros dolosos de cheques y una presunta estafa. Pudo levantar una orden de arraigo y abandonar Chile rumbo a Argentina, primero, y luego a Brasil, acompañado por su abogado, Marcelo Jadue. Este, de regreso a Chile, negó durante semanas que su cliente tuviera algo que ver con Publicam. Jadue aseguró que la estadía en el país carioca fue costeada con dineros proporcionados por Bernardo Carrasco, ex dueño del canal de televisión TVO, quien debía a Mayerholz 55 millones de pesos y con quien eran socios en la propiedad del cabaret “Shampoo”, centro nocturno a cuya administración aspiraba ingresar Augusto Pinochet Hiriart.
Por su parte, Manuel Arancibia fue sindicado por el senador Guido Girardi como el nexo entre su comando y la empresa titular de las facturas que se incluyeron en su rendición de gasto electoral y en las de Sebastián Piñera y Lily Pérez, además de otras cuentas en Chiledeportes. Arancibia, “El gordo” para sus amigos, fue señalado hasta hace poco como el creador de más de 50 sociedades fantasmas destinadas a eludir impuestos y defraudar al Fisco. Entre ellas se ha mencionado a Soc. Comercial Publicam Ltda., Sociedad Comercial Lo Valledor Ltda.... (una lista muyyyy larga), todas con domicilio en San Bernardo y creadas gracias a privilegiados contactos con funcionarios del SII.
La organización disponía, además, de poderes falsificados, escrituras públicas adulteradas y redactadas en la notaría de Félix Jara Cadot, de Santiago, que ha figurado en numerosos procesos judiciales por haber protocolizado contratos o constituido sociedades para cometer delitos. En esa notaría, por ejemplo, se realizaron los traspasos de algunos vehículos robados cuyos documentos eran falsificados en Curicó. Dicha investigación fue llevada por el actual fiscal jefe de Ñuñoa, Vinko Fódic, quien logró condenar a un grupo de personas, entre ellas Augusto Pinochet Hiriart.
La oficina de Arancibia en calle Huérfanos fue allanada en dos oportunidades por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec). La primera, por orden del fiscal Francisco Jacir, que investiga las irregularidades en Chiledeportes; la segunda, por orden del fiscal Iván Millán, en la causa Publicam-Servel. En la segunda ocasión se incautó un computador cuyo contenido está siendo revisado, al igual que disquettes encontrados en una propiedad cuya ubicación se mantiene en reserva. Los policías han comprobado que Arancibia era muy cuidadoso en el registro de datos y sólo anotaba lo mínimo, como fechas, montos y algún nombre, apodo o apellido. De allí han ido surgiendo los seudónimos “Pelao”, “Chato” y “Curicó”, entre otros, cuyas verdaderas identidades se pesquisan. 
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